COMO SER UN BUEN
ALCAHUETE
Hay cosas que
los radicales hacen bien: ser oposición y ser alcahuetes de ciertas
corporaciones económicas.
La UCR no
acompañó la aprobación de la ley de medios. Se alineó con el grupo Clarín sin
ningún pudor.
Ahora, el
diputado nacional de ese partido por La Rioja, Julio Martínez presentó un
proyecto para solicitar que el Congreso, a través de las Comisiones de Libertad
de Expresión y de Comunicaciones e Informática "invite institucionalmente
a las delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) que expondrán sobre la libertad
de prensa en nuestro país el próximo 7 de diciembre".
Cuáles son los
fundamentos de esta iniciativa, según el legislador? Por un lado la
"judicialización de la aplicación" de esa ley "y los sostenidos
y los permanentes avances sobre las garantías constitucionales y las presiones
que, desde el Poder Ejecutivo, se ejercen sobre el Poder Judicial, que provocan
enormes perjuicios a la libertad de expresión y la confianza pública en las
instituciones".
Con tono
apocalíptico, el diputado pide que el Congreso se aboque "al tatamiento de
estos temas que ponen en peligro nuestra propia estructura republicana".
Considera que
ya que estarán esas delegaciones por estos pagos debería el Parlamento
"generar un espacio de debate plural, amplio y abierto, sobre las
denuncias realizadas por estas entidades y, en general, sobre las consecuencias
que la aplicación que el Gobierno está realizando de la Ley de Medios, está
ocasionando sobre nuestro sistema de derechos y garantías individuales".
Afirma luego
que tanto la SIP que, según interpreta Martínez, defiende la "libertad de
expresión" como la AIR han de enviar el próximo 7 de diciembre una misión
oficial a la Argentina para monitorear ‘las amenazas del gobierno argentino
contra los medios’, y dictó una resolución contra el ‘hostigamiento y la persecución
de periodistas y medios de comunicación en vistas del denominado 7D’".
Parece que este
diputado, seguramente inducido, suscribió este verdadero mamarracho, porque de
él se desprende que no sabe y no entiende de que se trata esta controversia entre
el gobierno y esa corporación mediática.
La presunta
"judicialización" a la que alude, fue provocada por el mismo grupo
que planteó cautelares en juzgados con magistrados que satisficieron con
celeridad esos reclamos, a los que se sumaron legisladores que actuaron en
sintonía con el grupo.
En principio,
hay que informarle que la SIP reúne a propietarios de medios gráficos sobre los
que la ley de SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL no legisla. Por otra parte,
ese organismo se dedica a ponerse del lado de los grupos mediáticos monopólicos
en todo el continente como guardia pretoriana de sus intereses siendo cómplice
de los ataques que esos grupos emprenden contra gobiernos constitucionales,
pero que nunca hicieron cuando estuvieron sangrientas dictaduras como en el
Argentina.
En cuanto a las
supuestas presiones del gobierno sobre la justicia si fueran tales una cautelar
no hubiera durado 36 meses.
Por último,
habría que mencionarle --tal vez no esté enterado-- que la Corte Suprema
produjo el 22 de mayo de este año un fallo en donde señala taxativamente que el
plazo que tiene el Grupo Clarín para proceder a la adecuación que dispone la
ley 26.522 vence el 7 de diciembre de 2012, fecha en la que caduca la cautelar
que le había concedido el juez Carbone.
En fin,
Martínez se ha mostrado como un alumno aplicado en esa escuela que el
radicalismo dirige con tanta sapiencia que es la que enseña como ser un BUEN
ALCAHUETE.
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