SE TRATÓ, EN REALIDAD, DEL FUSILAMIENTO
DE 19 GUERRILLEROS EN LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR OCURRIDO DURANTE LA
DICTADURA DEL GRAL. LANUSSE. LAS AUTORIDADES DE FACTO DE ENTONCES DIJERON QUE
SE HABÍA TRATADO DE "UN INTENTO DE FUGA".
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| Ilustración de Ricardo Ajler |
Fue uno de los episodios de violencia institucional más sanguinarios que se recuerden y de algún modo preanunció lo que vendría poco tiempo despues con el accionar de la Triple A (esa banda de parapoliciales asesinos) y con el golpe cívico militar de marzo del ´76. En la base aeronaval Almirante Zar de la Armada, situada en las inmediaciones de la ciudad de Trelew (Chubut), en la madrugada del 22 de agosto de 1972 fueron fusilados 19 guerrilleros que previamente se habían rendido en el aeropuerto local luego del combate en Rawson. Sólo tres sobrevivieron: Ricardo René Haidar (Montonero), María Antonia Berger (FAR), Alberto Miguel Camps (FAR). Los muertos fueron: Ana Villareal de Santucho, Clarisa Lea Place, Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Carlos Alberto del Rey, Mario Delfino, José Mena, Miguel Polti, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Alejando Ulla (PRT-ERP), Mariano Pujadas, Susana Lesgart, María Angélica Sobelli (Montoneros).Carlos Astudillo y Alfredo Kohon (FAR).
En tanto, ya comenzó el juicio oral contra seis integrantes de la Armada por parte del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por su participación en el homicidio agravado de los jóvenes militantes que habían intentado fugarse del penal de Rawson y la tentativa de asesinato de los tres sobrevivientes, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger.
Resulta pertinente recordar parte de la declaración conjunta de las organizaciones armadas peronistas (FAR y Montoneros) y marxistas (PRT-ERP) en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto de 1972. Esa declaración fue hecha por Mariano Pujadas, Pedro Bonnet y María Antonia Berges en representación de los 19 combatientes que luego de la toma del penal de Rawson y del aeropuerto de Trelew, tuvieron que rendirse ante las supremacía de las tropas de la infantería de Marina, Ejército y policía.
Decía que "El objetivo de haber tomado la cárcel, el haber venido hasta aquí e intentar la fuga, ha sido el deseo de reincorporarnos a la lucha activa. Hemos fracasado, pero por suerte varios compañeros nuestros en este momento están arribando a Puerto Montt, lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas FAR, ERP, Montoneros, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto, para nosotros, ha sido un éxito entonces, aquí en la Patagonia concebimos esta lucha, esta acción como la continuación de la lucha que libraron los obreros rurales, industriales, que en el año 21 fueron asesinados por el Ejército, por la represión. Entre ellos se encontraban compañeros uruguayos, argentinos, como Pinto y Uteredo, como Frant, como continuadores de ellos somos los continuadores tambièn del comandante Che Guevara porque estamos por la revolución, por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de la patria socialista".
Los cuadros de conducción pudieron copar un avión y fugar a Chile, burlando todos los cercos militares. Ellos eran Mario Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo, todos del PRT-ERP, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR y Montoneros.
LA FUGA
La base era custodiada por un contingente de 70 soldados, 1000 infantes de marina, 200 gendarmes y unos cien policías. Eran, exactamente, las 18 del martes 15 de agosto de 1972. Cuando comenzó la fuga, Osatinsky disparó sobre el guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, que intentó impedir el escape, matándolo. Los guerrilleros lograron copar el penal. Los sindicalistas presos habían decidido no participar en la fuga. Los primeros en alcanzar la puerta fueron Santucho, Menna, Osatinsky, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo y Quieto. Santucho y el primer grupo entraron al aeropuerto cuando el avión de Austral -un BAC 111 con 96 personas a bordo- estaba carreteando. Santucho cruzó la pista corriendo junto a Vaca Narvaja que, disfrazado de mayor del Ejército, hizo señas al avión para que parara. De la torre de control no entendían lo que estaba sucediendo. El avión se detuvo en ese momento porque los guerrilleros que habían subido antes en Trelew -el estudiante de Medicina Alejandro Ferreyra Beltrán (ERP);
la maestra Ana Wiesen (FAR) y Víctor José Fernández Palmeiro (ERP)-- ocuparon la cabina y amenazaron al comandante de a bordo. Los primeros seis guerrilleros subieron, y ordenaron esperar unos minutos. Desde la torre de control del aeropuerto ya se había avisado a un avión de Aerolíneas Argentinas próximo a llegar, que no aterrizara. El piloto del BAC 111 intentó resistirse.
La base era custodiada por un contingente de 70 soldados, 1000 infantes de marina, 200 gendarmes y unos cien policías. Eran, exactamente, las 18 del martes 15 de agosto de 1972. Cuando comenzó la fuga, Osatinsky disparó sobre el guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, que intentó impedir el escape, matándolo. Los guerrilleros lograron copar el penal. Los sindicalistas presos habían decidido no participar en la fuga. Los primeros en alcanzar la puerta fueron Santucho, Menna, Osatinsky, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo y Quieto. Santucho y el primer grupo entraron al aeropuerto cuando el avión de Austral -un BAC 111 con 96 personas a bordo- estaba carreteando. Santucho cruzó la pista corriendo junto a Vaca Narvaja que, disfrazado de mayor del Ejército, hizo señas al avión para que parara. De la torre de control no entendían lo que estaba sucediendo. El avión se detuvo en ese momento porque los guerrilleros que habían subido antes en Trelew -el estudiante de Medicina Alejandro Ferreyra Beltrán (ERP);
la maestra Ana Wiesen (FAR) y Víctor José Fernández Palmeiro (ERP)-- ocuparon la cabina y amenazaron al comandante de a bordo. Los primeros seis guerrilleros subieron, y ordenaron esperar unos minutos. Desde la torre de control del aeropuerto ya se había avisado a un avión de Aerolíneas Argentinas próximo a llegar, que no aterrizara. El piloto del BAC 111 intentó resistirse.
LA SEMANA DE VIGILIA
* A las once y cuarto de la noche, el 15 de agosto de 1972, los diecinueve combatientes que no habían podido evadirse de Trelew entregaron las armas en la rotonda del aeropuerto y fueron llevados en ómnibus a la base Almirante Zar. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, jefe de las tropas de represión, les explicó que la medida era provisional y se tomaba porque la zona había sido declarada en estado de emergencia.
* Una hora antes había aterrizado en el aeropuerto de Pudahuel, Santiago, el avión de Austral capturado en Trelew. Las carreteras de acceso a la capital chilena estaban cerradas por los carabineros y los periodistas eran mantenidos a distancia, para evitar todo contacto con los guerrilleros fugitivos. Caía una lluvia intensa. A las once y media (hora de Buenos Aires), Santucho, Osatinsky y dos jefes policiales comenzaron a parlamentar en un salón central del aeropuerto de Santiago. La conversación duró seis horas y cinco minutos.
* En Trelew, el ómnibus militar llegó a la base poco antes de medianoche. El juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut y el abogado Mario Abel Amaya no pudieron franquear el portón de entrada y fueron invitados a marcharse.
* A las 5.20, hora de Buenos Aires, Santucho y Osatinsky informaron a sus compañeros -aún refugiados en el avión de Austral- sobre las negociaciones en el aeropuerto, parlamentaron otra vez con los jefes policiales y regresaron al BAC III. A las 5.45, los seis fugitivos del penal y sus cuatro ayudantes -Wiessen, Goldenberg, Ferreyra, Fernández Palmeiro- bajaron a tierra. Siete minutos más tarde, los pasajeros varones retenidos a bordo se reunieron en el vestíbulo con sus esposas e hijos, liberados cinco horas antes. El avión emprendió el regreso y llegó al aeroparque de Buenos Aires a las 7.32 de la mañana, bajo una lluvia implacable.
* Las autoridades militares detuvieron a siete de los pasajeros, acusándolos de conversar con los combatientes sin ocultar su simpatía.
* A las 8.08, los detenidos que mantenían bajo control el penal de Rawson se rindieron incondicionalmente a las tropas del general Betti. La prohibición de acercarse al penal era absoluta. A las 11, el periodista Horacio Augusto Finoli, de la agencia Associated Press, fue herido por un soldado cuando intentaba tomar fotografías.
* Hacia el mediodía, los abogados González Garland, Matarollo, Ortega Peña, Duhalde y Galín, defensores de algunos de los guerrilleros, trataron de llegar a Trelew en automóviles de remise. Tropezaron con un cerco militar que les impidió acercarse a la ciudad. A la misma hora, los abogados Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen, quienes no se habían movido de Rawson, trataron de visitar a los presos. Las autoridades militares les informaron que "ese día no era posible, y que ya no lo sería nunca".
*.A las 18, el grupo completo de abogados entrevistó a Jorge V Quiroga, juez de la cámara federal especial (el "camarón" como se la conocía por entonces) quien estaba a cargo del sumario que se inició después de la fuga.' Quiroga declaró que él no había decidido incomunicar a los reclusos del penal, "de modo que los abogados pueden visitar a sus defendidos normalmente
* A las 22, el mismo 16 de agosto, los abogados Ortega Peña, Duhalde y González Garland procuraron arrancar al juez Quiroga una orden que permitiera la asistencia de médicos y defensores cuando los diecinueve detenidos en la base aeronaval fueran interrogados. Quiroga desestimó la petición.
* En la mañana del 17 de agosto, el partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior, Arturo Mor Roig: "Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión".
* El ministro, que siempre había negado la existencia de presos políticos en la Argentina y que descreía de las torturas a pesar de las evidencias, envió esta respuesta: "Requiero se sirvan precisar a qué medidas concretas de represión se hace referencia y cuáles son las amenazas a la integridad física y derechos humanos con relación a los responsables de los sucesos de la víspera en Rawson y Trelew. El poder ejecutivo nacional no acepta que mediante acción psicológica se pretenda presentar a los protagonistas del luctuoso suceso como víctimas. Firmado: Arturo Mor Roig, ministro del Interior".
* A las once y cuarto de la noche, el 15 de agosto de 1972, los diecinueve combatientes que no habían podido evadirse de Trelew entregaron las armas en la rotonda del aeropuerto y fueron llevados en ómnibus a la base Almirante Zar. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, jefe de las tropas de represión, les explicó que la medida era provisional y se tomaba porque la zona había sido declarada en estado de emergencia.
* Una hora antes había aterrizado en el aeropuerto de Pudahuel, Santiago, el avión de Austral capturado en Trelew. Las carreteras de acceso a la capital chilena estaban cerradas por los carabineros y los periodistas eran mantenidos a distancia, para evitar todo contacto con los guerrilleros fugitivos. Caía una lluvia intensa. A las once y media (hora de Buenos Aires), Santucho, Osatinsky y dos jefes policiales comenzaron a parlamentar en un salón central del aeropuerto de Santiago. La conversación duró seis horas y cinco minutos.
* En Trelew, el ómnibus militar llegó a la base poco antes de medianoche. El juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut y el abogado Mario Abel Amaya no pudieron franquear el portón de entrada y fueron invitados a marcharse.
* A las 5.20, hora de Buenos Aires, Santucho y Osatinsky informaron a sus compañeros -aún refugiados en el avión de Austral- sobre las negociaciones en el aeropuerto, parlamentaron otra vez con los jefes policiales y regresaron al BAC III. A las 5.45, los seis fugitivos del penal y sus cuatro ayudantes -Wiessen, Goldenberg, Ferreyra, Fernández Palmeiro- bajaron a tierra. Siete minutos más tarde, los pasajeros varones retenidos a bordo se reunieron en el vestíbulo con sus esposas e hijos, liberados cinco horas antes. El avión emprendió el regreso y llegó al aeroparque de Buenos Aires a las 7.32 de la mañana, bajo una lluvia implacable.
* Las autoridades militares detuvieron a siete de los pasajeros, acusándolos de conversar con los combatientes sin ocultar su simpatía.
* A las 8.08, los detenidos que mantenían bajo control el penal de Rawson se rindieron incondicionalmente a las tropas del general Betti. La prohibición de acercarse al penal era absoluta. A las 11, el periodista Horacio Augusto Finoli, de la agencia Associated Press, fue herido por un soldado cuando intentaba tomar fotografías.
* Hacia el mediodía, los abogados González Garland, Matarollo, Ortega Peña, Duhalde y Galín, defensores de algunos de los guerrilleros, trataron de llegar a Trelew en automóviles de remise. Tropezaron con un cerco militar que les impidió acercarse a la ciudad. A la misma hora, los abogados Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen, quienes no se habían movido de Rawson, trataron de visitar a los presos. Las autoridades militares les informaron que "ese día no era posible, y que ya no lo sería nunca".
*.A las 18, el grupo completo de abogados entrevistó a Jorge V Quiroga, juez de la cámara federal especial (el "camarón" como se la conocía por entonces) quien estaba a cargo del sumario que se inició después de la fuga.' Quiroga declaró que él no había decidido incomunicar a los reclusos del penal, "de modo que los abogados pueden visitar a sus defendidos normalmente
* A las 22, el mismo 16 de agosto, los abogados Ortega Peña, Duhalde y González Garland procuraron arrancar al juez Quiroga una orden que permitiera la asistencia de médicos y defensores cuando los diecinueve detenidos en la base aeronaval fueran interrogados. Quiroga desestimó la petición.
* En la mañana del 17 de agosto, el partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior, Arturo Mor Roig: "Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión".
* El ministro, que siempre había negado la existencia de presos políticos en la Argentina y que descreía de las torturas a pesar de las evidencias, envió esta respuesta: "Requiero se sirvan precisar a qué medidas concretas de represión se hace referencia y cuáles son las amenazas a la integridad física y derechos humanos con relación a los responsables de los sucesos de la víspera en Rawson y Trelew. El poder ejecutivo nacional no acepta que mediante acción psicológica se pretenda presentar a los protagonistas del luctuoso suceso como víctimas. Firmado: Arturo Mor Roig, ministro del Interior".
* El gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse reclamó en Chile la detención preventiva de los diez combatientes que habían pedido asilo, antes de que se iniciara el proceso de extradición. El canciller chileno Clodomiro Almeyda manifestó que su país consideraría el caso de acuerdo con sus leyes nacionales y con los tratados en común con la Argentina. Las agrupaciones chilenas de izquierda se movilizaron en Santiago para que Salvador Allende concediera un salvoconducto -a falta de asilo político- para que los fugitivos salieran rumbo a Cuba.
* A las seis de la tarde de ese lunes, el comandante de la zona de emergencia, general Eduardo Ignacio Betti, difundió el bando militar N' 1. Su texto: "El que incurra en actitudes que perturben la normal convivencia, el orden y la tranquilidad públicos, será reprimido con la sanción de arresto, salvo que el hecho constituya una infracción más grave, en cuyo caso será juzgado según corresponda. La sanción de arresto será aplicada por orden irrecurrible, y se cumplirá en el lugar que se determine, conforme con las disposiciones del caso para esta zona de emergencia. El presente bando regirá desde las 14 del día de la fecha, 21 de agosto".
* El canciller, brigadier Eduardo McLoughlin se reunió con el general chileno Sepúlveda y con el embajador Ramón Huidobro sobre los diez fugitivos que habían pedido asilo en Santiago; allí se enteró de que el gobierno socialista, cediendo a las movilizaciones internas, les entregaría salvoconductos para viajar a La Habana o a Argel. Según el diario La Nación, durante el diálogo, "McLoughlin rechazó, en nombre de Lanusse, el pedido del presidente chileno Salvador Allende de que se lo dejara actuar en función de la situación interna de su país. McLough1in adelantó al embajador Huidobro que causaría un profundo desagrado al gobierno argentino cualquier decisión chilena que se apartara de las normas jurídicas en vigor, advirtiéndole que también el gobierno argentino tenía razones de política interna para insistir en la posición en la cual se había situado".
* Como contarían más tarde los sobrevivientes de la matanza, el trato que recibieron en la base fue "en parte razonable y en parte irrazonable". Los despertaban a gritos, varias veces durante la noche, y les ordenaban quedarse cuerpo a tierra, desnudos o vestidos, en un patiecito que daba a las oficinas. Dos grados tres décimas fue la mínima del 16 de agosto; uno bajo cero hubo el 22, a las tres de la madrugada. Comían de a uno por turno, o de a dos, apuntados por una doble hilera de soldados que tenían orden de disparar al menor movimiento inusual. "¡Si seremos boludos! -admitió durante uno de los almuerzos elteniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo-. En lugar de matarlos estamos engordándolos." Iban al baño de a uno, con las manos en la nuca, atravesando también la doble hilera y con un centinela detrás que les apuntaba a la cabeza. 'la próxima vez no va a haber negociación -los desafiaba el capitán Sosa. Los vamos a cagar a tiros, sin tantos miramientos". Pero esas humillaciones -dirá después Gustavo Peralta- eran poca cosa para un grupo de guerrilleros que no había flaqueado ante la picana eléctrica, los cadenazos, los simulacros de fusilamiento, la sed y las asfixias en agua del inodoro.
* El canciller, brigadier Eduardo McLoughlin se reunió con el general chileno Sepúlveda y con el embajador Ramón Huidobro sobre los diez fugitivos que habían pedido asilo en Santiago; allí se enteró de que el gobierno socialista, cediendo a las movilizaciones internas, les entregaría salvoconductos para viajar a La Habana o a Argel. Según el diario La Nación, durante el diálogo, "McLoughlin rechazó, en nombre de Lanusse, el pedido del presidente chileno Salvador Allende de que se lo dejara actuar en función de la situación interna de su país. McLough1in adelantó al embajador Huidobro que causaría un profundo desagrado al gobierno argentino cualquier decisión chilena que se apartara de las normas jurídicas en vigor, advirtiéndole que también el gobierno argentino tenía razones de política interna para insistir en la posición en la cual se había situado".
* Como contarían más tarde los sobrevivientes de la matanza, el trato que recibieron en la base fue "en parte razonable y en parte irrazonable". Los despertaban a gritos, varias veces durante la noche, y les ordenaban quedarse cuerpo a tierra, desnudos o vestidos, en un patiecito que daba a las oficinas. Dos grados tres décimas fue la mínima del 16 de agosto; uno bajo cero hubo el 22, a las tres de la madrugada. Comían de a uno por turno, o de a dos, apuntados por una doble hilera de soldados que tenían orden de disparar al menor movimiento inusual. "¡Si seremos boludos! -admitió durante uno de los almuerzos elteniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo-. En lugar de matarlos estamos engordándolos." Iban al baño de a uno, con las manos en la nuca, atravesando también la doble hilera y con un centinela detrás que les apuntaba a la cabeza. 'la próxima vez no va a haber negociación -los desafiaba el capitán Sosa. Los vamos a cagar a tiros, sin tantos miramientos". Pero esas humillaciones -dirá después Gustavo Peralta- eran poca cosa para un grupo de guerrilleros que no había flaqueado ante la picana eléctrica, los cadenazos, los simulacros de fusilamiento, la sed y las asfixias en agua del inodoro.
El 22 de agosto a las 3.30 de la madrugada los 19 prisioneros de la base Almirante Zar fueron acribillados, por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, y del teniente Roberto Bravo. Entre los muertos estaban la mujer de Santucho y Clarisa Lea Place. El gobierno explicó que se había tratado de un intento de fuga. Los tres sobrevivientes de la masacre lo desmintieron. El presidente Lanusse asumió, como comandante en jefe, la responsabilidad de lo actuado por la Marina. La versión oficial la difundió el jefe del Estado Mayor Conjunto, contralmirante Hermes Quijada.
La noche del 22, el gobierno sancionó la ley 19797 que prohibía la difusión de informaciones sobre o de organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina. Y más de 60 bombas fueron colocadas en protesta por la matanza.
Peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, comunistas, trotskistas y democristianos, condenaron al gobierno. Perón calificó a las muertes de "asesinatos". La opinión pública descreyó de la versión oficial. El 25 de agosto la CGT declaró un paro activo de 14 horas. Se prohibieron los velatorios públicos de los guerrilleros ejecutados. El comisario de la Policía Federal Alberto Villar desocupó con tanquetas la sede del Partido Justicialista en la Capital Federal, donde se velaba a algunos de los "combatientes", como los llamaban sus compañeros de lucha, que fueron enterrados luego clandestinamente. Ana Villareal fue sepultada en el cementerio de Boulogne.
Lanusse envió emisarios a Chile para solicitar la extradición de los guerrilleros prófugos. Intentaba juzgarlos como delincuentes comunes. Allende tenía dos opciones: poner a los evadidos a disposición de lajusticia chilena por el delito de piratería aérea, en cuyo caso la Corte Suprema debía ocuparse del pedido de extradición del gobierno argentino, o concederles el asilo y un salvoconducto para viajar a Cuba como solicitaban los guerrilleros. Allende, en principio, no descartaba la primera alternativa porque estaba convencido de que la Corte de ninguna manera podía considerarlos delincuentes comunes. De todos modos, encomendó al asesor jurídico de la presidencia, Juan Bustos, que les comunicara que él nunca los devolvería a las autoridades argentinas. En las principales ciudades de Chile se realizaron manifestaciones populares convocadas por el Partido Socialista y el MIR para exigir al gobierno de Allende que se les otorgara a los prisioneros el salvoconducto a Cuba). (Estos datos fueron extraídos de la página web elortiba.org.)
La noche del 22, el gobierno sancionó la ley 19797 que prohibía la difusión de informaciones sobre o de organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina. Y más de 60 bombas fueron colocadas en protesta por la matanza.
Peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, comunistas, trotskistas y democristianos, condenaron al gobierno. Perón calificó a las muertes de "asesinatos". La opinión pública descreyó de la versión oficial. El 25 de agosto la CGT declaró un paro activo de 14 horas. Se prohibieron los velatorios públicos de los guerrilleros ejecutados. El comisario de la Policía Federal Alberto Villar desocupó con tanquetas la sede del Partido Justicialista en la Capital Federal, donde se velaba a algunos de los "combatientes", como los llamaban sus compañeros de lucha, que fueron enterrados luego clandestinamente. Ana Villareal fue sepultada en el cementerio de Boulogne.
Lanusse envió emisarios a Chile para solicitar la extradición de los guerrilleros prófugos. Intentaba juzgarlos como delincuentes comunes. Allende tenía dos opciones: poner a los evadidos a disposición de lajusticia chilena por el delito de piratería aérea, en cuyo caso la Corte Suprema debía ocuparse del pedido de extradición del gobierno argentino, o concederles el asilo y un salvoconducto para viajar a Cuba como solicitaban los guerrilleros. Allende, en principio, no descartaba la primera alternativa porque estaba convencido de que la Corte de ninguna manera podía considerarlos delincuentes comunes. De todos modos, encomendó al asesor jurídico de la presidencia, Juan Bustos, que les comunicara que él nunca los devolvería a las autoridades argentinas. En las principales ciudades de Chile se realizaron manifestaciones populares convocadas por el Partido Socialista y el MIR para exigir al gobierno de Allende que se les otorgara a los prisioneros el salvoconducto a Cuba). (Estos datos fueron extraídos de la página web elortiba.org.)
EL JUICIO
En el teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella sustancian el histórico proceso en el que están imputados Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista. La causa es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Dos de los acusados no estarán presentes: Alberto Mayorga, quien fue apartado por razones de salud, y Roberto Bravo, a quien Estados Unidos favoreció al negar la extradición a Argentina. En la elevación a juicio, el juez de instrucción Hugo Sastre consideró probada la participación de los imputados en los fusilamientos. “El 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, aproximadamente a las 3:30, se apersonaron en el lugar un grupo de oficiales armados con pistolas reglamentarias calibre 11,25 y ametralladoras PAM. Luego de despertarlos, se los hizo formar fila en el pasillo; tras ello los oficiales, sin más, abrieron fuego con las ametralladoras PAM que portaban contra los jóvenes, alguno de los cuales cayeron abatidos por los disparos en el mismo pasillo, mientras que otros, instintivamente se arrojaron al interior de las distintas celdas más próximas donde se encontraban. Luego de las ráfagas ininterrumpidas de ametralladoras, siguieron disparos aislados que concretaron la muerte de algunos de los jóvenes que estaban heridos”, detalló el juez.
Alicia Bonet llegó desde Francia para participar como querellante y testigo del juicio que espera desde que en la mañana del 22 de agosto de 1972 escuchó en la radio las primeras noticias sobre la Masacre que la dictadura de Agustín Lanusse difundió como un enfrentamiento durante un nuevo intento de fuga. Su esposo Rubén Bonet, militante del PRT-ERP, fue una de las 16 víctimas fatales y ella es una de las pocas familiares que sobrevivieron a la represión de la Triple A y la última dictadura. La denuncia original por la Masacre fue iniciada por Bonet a las pocas semanas de que ocurrieran los fusilamientos, en plena dictadura de Lanusse. Con el auspicio de los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, el ex secretario de Derechos Humanos fallecido un mes atrás, la viuda de Bonet denunció a la Armada Argentina por el asesinato de su esposo.
En el teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella sustancian el histórico proceso en el que están imputados Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista. La causa es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Dos de los acusados no estarán presentes: Alberto Mayorga, quien fue apartado por razones de salud, y Roberto Bravo, a quien Estados Unidos favoreció al negar la extradición a Argentina. En la elevación a juicio, el juez de instrucción Hugo Sastre consideró probada la participación de los imputados en los fusilamientos. “El 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, aproximadamente a las 3:30, se apersonaron en el lugar un grupo de oficiales armados con pistolas reglamentarias calibre 11,25 y ametralladoras PAM. Luego de despertarlos, se los hizo formar fila en el pasillo; tras ello los oficiales, sin más, abrieron fuego con las ametralladoras PAM que portaban contra los jóvenes, alguno de los cuales cayeron abatidos por los disparos en el mismo pasillo, mientras que otros, instintivamente se arrojaron al interior de las distintas celdas más próximas donde se encontraban. Luego de las ráfagas ininterrumpidas de ametralladoras, siguieron disparos aislados que concretaron la muerte de algunos de los jóvenes que estaban heridos”, detalló el juez.
Alicia Bonet llegó desde Francia para participar como querellante y testigo del juicio que espera desde que en la mañana del 22 de agosto de 1972 escuchó en la radio las primeras noticias sobre la Masacre que la dictadura de Agustín Lanusse difundió como un enfrentamiento durante un nuevo intento de fuga. Su esposo Rubén Bonet, militante del PRT-ERP, fue una de las 16 víctimas fatales y ella es una de las pocas familiares que sobrevivieron a la represión de la Triple A y la última dictadura. La denuncia original por la Masacre fue iniciada por Bonet a las pocas semanas de que ocurrieran los fusilamientos, en plena dictadura de Lanusse. Con el auspicio de los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, el ex secretario de Derechos Humanos fallecido un mes atrás, la viuda de Bonet denunció a la Armada Argentina por el asesinato de su esposo.
A fines de julio de 1974, la Triple A asesinó a Ortega Peña, y a los pocos días fueron a buscar a Alicia a la escuela donde trabajaba. La persecución del grupo parapolicial la forzó a pasar a la clandestinidad con su familia hasta que, en 1977, se exilió primero en
Brasil y luego en Francia. Los militares acusados Entre las 2:30 y las 3:30 del 22 de agosto de 1972, el capitán de fragata Luis Emilio Sosa, jefe de la guardia de la Base Aeronaval Almirante Zar, ingresó al lugar de detención de los presos políticos junto con el teniente Roberto Bravo y el capitán de fragata Emilio Del Real. El cabo Carlos Marandino estaba de guardia. Luego de abrir las puertas de las celdas, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran sus colchones. Se los hizo formar fila en el pasillo tras lo cual fueron fusilados y luego rematados. Además de los autores directos de la Masacre, en el juicio están imputados Rubén Paccagnini, quien era en ese momento el jefe de la Base Almirante Zar, y su superior, el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, quien estaba al frente de la Aviación Naval. “Sin su colaboración necesaria, teniendo en cuenta la estructura de la Armada, el suceso no hubiera podido cometerse en la forma en que se ejecutó”, señaló la instrucción. A ellos se suma el ex capitán de navío Jorge Bautista, acusado por el encubrimiento de asesinato.
Brasil y luego en Francia. Los militares acusados Entre las 2:30 y las 3:30 del 22 de agosto de 1972, el capitán de fragata Luis Emilio Sosa, jefe de la guardia de la Base Aeronaval Almirante Zar, ingresó al lugar de detención de los presos políticos junto con el teniente Roberto Bravo y el capitán de fragata Emilio Del Real. El cabo Carlos Marandino estaba de guardia. Luego de abrir las puertas de las celdas, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran sus colchones. Se los hizo formar fila en el pasillo tras lo cual fueron fusilados y luego rematados. Además de los autores directos de la Masacre, en el juicio están imputados Rubén Paccagnini, quien era en ese momento el jefe de la Base Almirante Zar, y su superior, el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, quien estaba al frente de la Aviación Naval. “Sin su colaboración necesaria, teniendo en cuenta la estructura de la Armada, el suceso no hubiera podido cometerse en la forma en que se ejecutó”, señaló la instrucción. A ellos se suma el ex capitán de navío Jorge Bautista, acusado por el encubrimiento de asesinato.
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