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Por Aníbal Fernández *
“Muchos jueces son incorruptibles...
nadie puede inducirlos a hacer justicia.”
Joan Baez
El
pretexto fue dar certeza y seguridad jurídica fundamentadas en “la alta
especialización de sus árbitros”. ¿Quién se puede oponer a semejante
noble objetivo, no? Pero el verdadero propósito ha sido defender y
resguardar los intereses de las corporaciones internacionales que ya, a
mediados de los años ’60, comenzaban a extender sus redes y su
penetración económica en los países emergentes, en una arremetida que
alcanzó su mayor momento con el “Consenso de Washington”. Así nació el
Ciadi. La sigla identifica al Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones, que vio la luz allá por 1965 bajo
la tutoría del Banco Mundial, que aún lo financia y lo contiene.
En estos días, gracias a la demanda de Repsol presentada ante este
pseudo tribunal, el Ciadi ha vuelto a los títulos de algunos medios de
comunicación, pero, ¿qué es este organismo, realmente? Debemos dejar en
claro que no se trata simplemente de un tribunal arbitral internacional.
Diría que es, más bien, una institución cuasi privada (dada su
dependencia del Banco Mundial) que interviene en la solución de
controversias, conflictos o disputas entre inversores particulares y los
Estados.
A pesar de su creación a mediados de los ’60, no será hasta la década
del ’90 que Argentina comienza a firmar “tratados bilaterales de
protección y promoción recíproca de inversiones” en los que el Ciadi
adquiere la condición de árbitro.
Las teorías del “Estado mínimo” y del “derrame del mercado”, iconos
de las décadas de los ’80 y ’90 –esas lógicas se instalaron más allá de
las relaciones comerciales y concluyeron abarcándolo todo, entre otras
cosas, arte, religión, cultura y educación... sí, sobre todo la
educación superior, la universitaria, atravesada por las ideas del MIT,
procurando la “desaparición” de la “res pública”– propiciaban la
actuación del Ciadi a favor de proteger a los inversores, por encima del
Derecho público de las naciones y aun del internacional.
Si para ejemplo bastara un botón, alcanza con presentar a uno de los
árbitros que integran actualmente el Ciadi: el profesor Jeswald Scaluse,
consultor y antiguo miembro del Centro Harvard (MIT) y autor del
conocido libro Siete secretos para la negociación con gobiernos o cómo
lidiar con las ordenanzas locales, estatales, nacionales o gobiernos
extranjeros, y salir adelante. Sintéticamente, un experto en ganar
pleitos a los Estados. Ese es el perfil –algunos más, otros menos– de
los árbitros que nos propone el Ciadi, “un organismo internacional que
siempre actúa más a favor del mundo desarrollado de los intereses de las
transnacionales que de los países emergentes”. Y lo más terrible es que
no tienen empacho alguno en presentarnos de esta manera, evidenciando
que su mayor interés es congratularse con el capital.
Desde 2003, “la década ganada”, nuestro país no ha firmado ningún
convenio que incorpore al Ciadi como tribunal arbitral. Terminada la
furia de la globalización y recuperada la memoria de la dignidad, la
Argentina y América del Sur en su conjunto comenzaron a “esquivar” este
“tumor jurídico” y a recuperar la soberanía sobre sus entuertos
comerciales.
Hay, en la actualidad, 46 casos contra la Argentina presentados ante
el Ciadi. Pero también, en el marco de la tarea que se lleva a cabo para
unificar el Código Civil y el Comercial, hay una clara decisión de
recuperar la soberanía sobre estas cuestiones, cerrando la puerta a los
Tratados Bilaterales de Inversión y por lo tanto al Ciadi.
Sin embargo, es imposible que la brutal oleada de neoliberalismo no
hubiera dejado secuelas y, algunas de ellas, las más pétreas, suelen
encontrarse aún entre los profesionales de aquella época: la “década
perdida”. Sobre todo los abogados y economistas surgidos de las
universidades que, a la sombra del modelo de Harvard, veían al Estado
como un elefante fofo y torpe que, algún día –esperaban/deseaban
fervientemente–, se desplomaría para regocijo de Francis Fukuyama y sus
adláteres.
Esos “profesionales” están en el Ciadi y, también, entre nosotros.
Habitan estudios de abogados de apellidos añosos y rimbombantes; bufetes
que se parecen más a financieras preparadas para despellejar que a
recoletas oficinas de hombres del Derecho. Aunque también se los suele
descubrir, con alguna frecuencia, en la Justicia federal, en la Justicia
nacional o en las provinciales.
Sobre unos y otros sigue pesando el enorme poder del mercado, con sus
grandiosas corporaciones económicas, sus indisimulables tentaciones
mercantiles y sus presiones mediáticas; siempre dispuestas a ir contra
el Estado y contra la política, sólo porque comete el pecado de
pretender cambiar el mundo plagado de asimetrías y desencantos, y que
ellos tratan de conservar inalterable, para tener a buen resguardo sus
privilegios.
Estos estudios-empresas, esos jueces-gerentes, esos leguleyos más
conocedores de las artimañas que de la ley, existen allá... y acá. Y
mientras sean lo que son –la cara vidente y evidente de una Justicia
hecha a medida de los poderosos–, la democracia estará en riesgo. Es un
riesgo permanente.
* Senador del Frente para la Victoria.
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