OPOSITORES A FAVOR DE LA ILEGALIDAD

LEY DE MEDIOS

Por Luis Gramuglia

Radicales, dirigentes del PRO, del "peronismo federal", María Eugenia Estensoro (flamante adquisición del FAP), Patricia Bullrich, integrante del agrupamiento unipersonal autodenominado "Unión por Todos",el "progre" Pino Solanas, el derechoso Francisco De Narváez, el "líder" de los trabajadores, Hugo Moyano, entre otros, salieron como Fuenteovejuna, todos a una, a respaldar al Grupo Clarín en su manifiesta voluntad de no acatar la ley de medios. Es decir, esos dirigentes se han pronunciado a FAVOR DE LA ILEGALIDAD, del NO RESPETO A LA LEY. Porque hay que recordarle a esos hombres/mujeres de la política que están convalidando una postura del grupo mafioso que pretende desafiar al sistema democrático, que esa ley fue votada en 2009 por ambas cámaras del Congreso por mayorías contundentes.

La pregunta es, por qué lo hacen? Porque tienen MIEDO, un PÁNICO incontrolable ante la sola posibilidad de decirle al grupo que tiene que aceptar lo que la ley dice, que no hay otra salida. No imaginan un escenario así porque son absolutamente dependientes de lo que ese monopolio les impone como agenda.

Cómo rebelarse ante semejante poder? Quiénes hablarán de ellos? Volverán a ser llamados a TN, saldrán por radio Mitre, aparecerán en el "gran diario argentino"? Preguntas todas que tienen una sola respuesta: el escarmiento que podría aplicar el grupo los atemoriza. Son funcionales a los intereses de Héctor Magnetto, el jefe de la banda. Son incapaces de ejercer un sencillo acto de desobediencia, de decirle: señores, tienen que CUMPLIR CON LA LEY de la democracia.

Pero así están las cosas en la Argentina. Por un lado un gobierno nacional y popular que ha dicho que el 7 de diciembre próximo se termina la fiesta, que a fuerza de cautelares, ya lleva tres años y por el otro, una oposición miserable, timorata, inclinada ante el amo que les dice que hacer y como hacerlo.

Pero el pueblo no es zonzo; no come vidrio. Habrá operaciones de prensa, manipulaciones infames, mentiras de todo calibre, injurias que servirán para regodear a quienes están embarcados en sostener actitudes destituyentes.

Millones de ciudadanos, en cambio, saben que esa oposición lo que hace es resguardar intereses de un grupo que nada tienen que ver con la actividad periodística y la libertad de expresión. El grupo mafioso trata de mantener sus privilegios; el resto no le importa. Quiere que nadie toque sus negocios porque acá no existe ninguna controversia respecto de esa libertad que los periodistas pueden ejercer sin ningún reparo. Cualquiera puede decir lo que le venga en gana sin que ese derecho se vea conculcado.

Pero la jugada es intentar sostener que esa libertad está en riesgo a partir de esa fecha, que el gobierno avasallará a los medios "independientes", que habrá despidos de personal, que habremos entrado definitivamente en un régimen stalinista.

Es interesante repasar el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 22 de mayo pasado que el grupo mafioso intenta desconocer, tergiversando su contenido.

Por mayoría ese cuerpo señala que la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la ley 26.522 (de adecuación) dejará de estar vigente el 7 de diciembre de 2012.

La interpretación del grupo es forzada ya que señala que, recién a partir de esa fecha, entraría a correr el plazo de 1 año para adecuarse a ese artículo, es decir, desarmar su estructura monopólica que hoy agrupa a 240 señales de cable.

El fallo señala también que las actoras (el Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, Cablevisión S.A., Multicanal S.A., Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable S.A.) "obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009 y promovieron la demanda el 4 de febrero de 2010, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. De manera que, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación de la demanda transcurrió un año, por la sola voluntad de las peticionarias, (...)". Se trató de un claro intento de ocultamiento para dilatar artificialmente los plazos y seguir ganando tiempo.

El grupo intenta sostener, con débiles argumentos, que se estaría violando la libertad de expresión. El fallo de la Corte lo desestima, afirmando que "en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en los escritos de la recurrente no hay más que menciones generales (...)".

Previamente, el fallo dice que "que la propia actora ubica el caso dentro del derecho de defensa de la competencia. Dice que el daño que le causa la aplicación del artículo 161 es la pérdida de licencias que le han sido concedidas y que la obliga a vender activos que detalla. Es decir, una cuestión de organización del mercado que existe en todo el derecho comparado y de naturaleza exclusivamente patrimonial.".

De estos dos párrafos se desprende que el grupo no está preocupado por la supuesta conculcación de aquella libertad que, de ningún modo está en riesgo, sino por el daño por la pérdida de licencias que sufriría su patrimonio. Lo dice bien claro la Corte: es "una cuestión de organización del mercado".

Por lo tanto esa referencia en los medios del grupo a las presuntas amenazas que estaría padeciendo por parte del gobierno es mentirosa, falaz. Es un vano intento por exacerbar los ánimos y ocultar el verdadero sentido de este pronunciamiento de la Corte (adjuntamos su texto completo).

Que el grupo defienda su negocio se puede entender, aunque apele a razonamientos que lesionan el sentido común. Pero que haya dirigentes que con tal de asumir su rol de lacayos de esa corporación, se oponen a que se cumpla con la ley resulta demencial, inentendible. Son dirigentes de una oposición que durante casi 4 años se prestaron (y lo siguen haciendo) a las maniobras más miserables, más arteras contra un gobierno legitimado en las urnas. Pagaron esa pertenencia con el desprecio ciudadano pero aún así no cejan en su empeño de seguir sirviendo al mismo amo que los llevo a la catástrofe electoral.

EL FALLO

Por decisión unánime, firmada por Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, el Tribunal dispuso mantener la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la ley 26522, con el plazo de treinta y seis meses que había dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pero contados a partir de la fecha del dictado de la medida, con lo cual esta deja de estar vigente el 7 de diciembre de 2012.

La Corte advirtió que, habiendo vencido el plazo del art. 161 de la ley 26.522 el día 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.

La Corte recordó que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas. Y señaló que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la Justicia señalado en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

I) Hechos

• El Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, Cablevisión S.A., Multicanal S.A., Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable S.A. solicitaron el 1º de octubre de 2009 una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo de la ley de medios. El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 rechazó el pedido por resolución del 9 de octubre de 2009.

• En el mismo expediente se pidió, con fecha 26 de octubre de 2009, una nueva cautelar ante la sanción de la ley 26.522. El Juez hizo lugar a la medida suspendiendo la aplicación de los arts. 41 y 161 de la ley 26.522.

• El Estado Nacional apeló la medida ante la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la que confirmó la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522.

• El Estado Nacional interpuso el 5 de octubre de 2010 un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue desestimado por falta de sentencia definitiva. No obstante, en el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, se consideró conveniente la fijación de un límite temporal razonable para la medida cautelar.

• El 9 de noviembre de 2010, el Juez de primera instancia desestimó la fijación de un plazo.

• La Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011 impuso un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar, contados desde la notificación de la demanda.

• El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presentación de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la revocación de la cautelar.

• El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emitió su dictamen el 19 de diciembre de 2011, en el que se pronunció por la revocación de la medida cautelar.

II) Argumentos de la Corte Suprema

• Considera que la medida cautelar debe mantenerse porque ya se ha dictado sentencia de la Corte en esta misma causa y en el mismo sentido con fecha 5 de octubre de 2010.

• Que dicha cautelar no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522.

• Que el plazo de treinta y seis meses fijado por la Cámara no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal intentada.

• Que el plazo previsto en el artículo 161 fue prorrogado por la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (resoluciones 297/10 y 1295/11) y las licitaciones fueron suspendidas, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión de fijación del plazo.

• Conforme a las resoluciones mencionadas, dicho plazo legal venció el 28 de diciembre de 2011, pero no se aplicó a la actora como consecuencia de la medida dictada por el Juez.

• Que el plazo de la cautelar no puede contarse a partir de la notificación de la demanda, sino desde la notificación de la cautelar. Los datos a tener en cuenta son los siguientes:

• La medida cautelar fue ordenada el 7 de diciembre de 2009.

• La actora promovió la demanda, el 4 de febrero de 2010, al "único efecto de evitar la caducidad de la medida cautelar". Sin embargo, requirió que no se dispusiera correr traslado y que se reservara el escrito en secretaría; además, formuló expresa reserva de su derecho a ampliar la presentación (fs. 1323/1324).

• Sólo ante la orden dada por el juez con fecha 22 de abril de 2010 se produjo la ampliación de la demanda, lo que ocurrió el 6 de mayo de 2010.

• La demanda fue notificada el 17 de noviembre de 2010.

• Es decir que, si bien las actoras obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009 y promovieron la demanda el 4 de febrero de 2010, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. De manera que, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación de la demanda transcurrió un año, por la sola voluntad de las peticionarias, lo cual resultaría demostrativo de un interés más centrado en lo provisional que en la resolución definitiva del pleito.

• Que no puede dejarse en manos de la parte beneficiada por la medida cautelar el momento en que debe comenzar el cómputo de razonabilidad de su vigencia, porque se daría lugar a especulaciones procesales que no sólo resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso, sino que afectan seriamente la seguridad jurídica.

• Tanto los jueces como los litigantes deben perseguir la resolución definitiva de la controversia.

• No es posible tolerar que, a partir de la obtención de medidas cautelares una de las partes pueda desentenderse de la marcha del proceso principal o prolongar artificialmente su duración, ya que ello constituye un supuesto de ejercicio contrario a los fines de lo que la ley tuvo en miras al reconocer este tipo de medidas.

• Recuerda la Corte que las cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, nunca definitivas. Señala que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la justicia señalado en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional.

• Es deber de las partes y del Juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas.

• La Corte distingue las cautelares como tutela urgente de los derechos fundamentales de aquellos casos meramente patrimoniales en las que se demanda al Estado. En estas últimas no está en duda la solvencia y por lo tanto no puede haber una excesiva prolongación.

• Que la propia actora ubica el caso dentro del derecho de defensa de la competencia. Dice que el daño que le causa la aplicación del artículo 161 es la pérdida de licencias que le han sido concedidas y que la obliga a vender activos que detalla. Es decir, una cuestión de organización del mercado que existe en todo el derecho comparado y de naturaleza exclusivamente patrimonial.

• Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en los escritos de la recurrente no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión.

Decisión

1) Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se confirma la sentencia apelada en cuanto rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar y fijó su plazo de vigencia en treinta y seis meses.

2) Que el plazo de 36 meses de la cautelar se cuenta a partir del 7 de diciembre de 2009 y vence el 7 de diciembre de 2012.

3) Que el plazo previsto en el art. 161 de la ley 26.522 venció el día 28 de diciembre de 2011 conforme surge de la reglamentación de la ley.

4) En consecuencia, estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.

Informe de Prensa Nº38 Buenos Aires, 22 de mayo de 2012.-