LEY DE MEDIOS YA

LA COMPLICIDAD MEDIÁTICA

CON LA DICTADURA

Miércoles 24 de marzo de 1976. El diario "La Nación" titulaba su edición de la siguiente manera: "Las Fuerzas Armadas asumen el poder; detúvose a la Presidente".

Por su parte el diario "Clarín" con una tipografía descomunal decía "Nuevo gobierno". En otro título señalaba: "Calabró (gobernador de Buenos Aires) entregó la gobernación".

Al día siguiente, el diario de los Mitre encabezaba su portada con el siguiente título: "Asumieron el gobierno los tres comandantes generales". En una bajada informaba: "Disolvióse el Parlamento; remoción de la Corte Suprema; prohíbese la acción política y gremial; oportunamente se nombrará presidente".

En un editorial sostenía que "...la primera condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual han actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un terrorismo que acecha".

Dos días despues del golpe, el "gran diario argentino" informaba que "La Junta es el órgano supremo del Estado". Una volanta anticipaba que "Será presidente un alto jefe militar". Un día antes, en un editorial, afirmaba que "Se abre una nueva etapa, con renacidas esperanzas".

Por cierto, toda la información estaba sometida a una estricta censura impuesta a los medios de prensa en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. No hubo reparos, ni enojos, ni reclamos ni de esos medios ni de las organizaciones que agrupan a las patronales mediáticas.

Aquellos diarios, en particular, se convirtieron en el sostén ideológico y comunicacional de la barbarie desatada por las fuerzas de la represión durante la dictadura cívico militar. No estuvieron solos. La Editorial Atlántida, el diario "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca, entre muchos otros, también fueron encubridores de los atropellos cometidos por el Terrorismo de Estado.

Esta introducción viene a cuento del rol que cumplieron ambos diarios en aquella etapa. Fueron funcionales a los propósitos del régimen de facto. Manipularon, ocultaron información, mintieron sobre lo que ocurría en nuestro país.

Los asesinatos de miembros de la guerrilla o de militantes sociales y/o políticos eran convertidos en "enfrentamientos" de fuerzas militares o de seguridad con la llamada subversión.

Esos medios aún deben responder ante la sociedad por su comportamiento durante la dictadura. Jamás hicieron una autocrítica y, por el contrario, señalan, cual fiscales de una República, quienes son buenos y malos y que cosas deben hacer los gobiernos constitucionales para no malquistarse con los grupos concentrados de la economía.

Ninguno de los diarios mencionaron que ese gobierno se trataba de uno de facto, de una dictadura criminal. Era un "Nuevo gobierno", como decía "Clarín" que venía a reemplazar por la violencia a un gobierno constitucional en un país que había tenido experiencias anteriores tan traumáticas.

Por eso provoca indignación que ahora se hable de que el gobierno que preside Cristina Fernández intenta restringir o trabar la vigencia de la libertad de expresión, libertad que en absoluto está en entredicho en nuestro país. Cualquiera puede decir o escribir lo que desee porque esto está internalizado por el conjunto de la sociedad. Esa libertad --como cualquier otra-- no es una concesión divina, una dádiva de un gobierno; es una necesidad implícita de cualquier sociedad democrática.

Cierto que "Clarín", en el `76, no era lo que es hoy, no se había transformado en el enorme monopolio en que se convirtió pero no por un pase de magia.

La dictadura militar --de algún modo para retribuir aquel apoyo-- favoreció a ambos matutinos --y también a "La Razón"-- con la entrega de la empresa Papel Prensa apropiada mediante torturas a sus legítimos propietarios.

Posteriormente, durante el menemismo, se modificó el artículo 45 de la ley de la dictadura que permitió que los titulares de medios gráficos pudieran acceder a la compra de medios audiovisuales que, hasta entonces, estaba vedada. A esto es sumó la entrega, a precio vil, de Canal 13 al grupo multimediático.

Estos datos comprobables nos permiten conocer la índole perversa del enemigo. Porque estos medios son enemigos de los procesos democráticos, máxime si éstos producen transformaciones, ampliación de derechos, inclusión social.

Como bien dijo la presidenta, estamos librando una batalla cultural entre quienes quieren un país mejor y quienes añoran el modelo neoliberal, con sus políticas de exclusión, desempleo y precarización laboral.

Los medios dominantes y cierta oposición que sigue a pie juntillas la agenda de aquellos intentan instalar que el gobierno pretende violar la Constitución, someter a la justicia, poner en riesgo la institucionalidad, cercenar las libertades públicas y entre ellas, la de expresión. Quieren que asumamos que esta es una DICTADURA, un régimen autoritario, autocrático, negador de los derechos civiles.

Es una construcción falaz, que no tiene anclaje con lo que realmente pasa, pero que quieren inocular, cual veneno, en la mente de muchos desprevenidos que replican esos argumentos sin pensamiento crítico, como autómatas. No razonan; se prestan a manipulaciones mediáticas sin que tengan idea de lo que está en juego.

Este gobierno tiene flancos débiles, deudas pendientes, cuestiones que no ha resuelto, pero innegablemente ha tomado medidas que han tenido profundas implicancias sociales, políticas y económicas. Ha sido consistente con un ideario, pero basada en la premisa de más empleo, más producción, más consumo.

Por eso es que el Grupo Clarín se empeña en desconocer la ley de medios votada por mayorías en el Congreso. Sólo defiende un mero interés patrimonial porque no ha logrado probar que esté en riesgo la libertad de expresión.

El Grupo ahora sabe que tiene que confrontar con un gobierno que tiene legitimidad de origen y que, por esa razón, debe acatar la ley porque no puede estar fuera de ella o, lo que es peor, ignorarla olímpicamente.

Ese grupo empresario no puede estar por encima de las instituciones de la República. Cuando los opositores, mansos, serviles, se apropian de los argumentos del monopolio acrecientan su desprestigio; son vistos como repetidores de consignas destituyentes.

Creen, acaso, que promover la desestabilización de este gobierno traerá más institucionalidad, mejor gobernabilidad? Si lo creen, son demasiado ingenuos. Las corporaciones económicas terminarán diciendo que se hace y como se hace a un títere que ellas pondrán para que les garanticen sus privilegios.

Pero debe tenerse en cuenta que aquí hay un pueblo decidido a defender este proyecto y un Congreso que tiene mayoría del oficialismo. Ambos se interpondrán a cualquier aventura golpista.

El 7D el monopolio del Grupo Clarín ha de llegar a su fin porque esta es la decisión irrevocable de la presidenta Cristina Fernández.--